PSOE, Foro, IU y UPyD alertan de que la reforma local «destruirá los servicios sociales». Esther Díaz dice que «se está dejando solos a los gobiernos regionales», y Llamazares acusa al PP de olvidar a los excluidos para mostrar a la UE «que cumplimos los deberes» 19.10.13 – 03:19 – OCTAVIO VILLA | OVIEDO

http://www.elcomercio.es/20131019/asturias/partidos-reforma-local-201310190319.html

asturias-psoe--647x231 fotoLas VIII Jornadas de Inclusión Social organizadas por la REd Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) se convirtieron ayer en un foro de discusión política sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración que propugna el PP en el Congreso, popularmente conocida como reforma local. En la mesa redonda en la que los cinco partidos con representación en la Junta General del Principado estuvieron presentes, PSOE, Foro, IU y UPyD marcaron un frente común contra el documento y sus repercusiones, porque «destruirá los servicios sociales», según expresó la concejala gijonesa de Bienestar Social, Eva María Illán y suscribieron, con diversas formulaciones, el diputado de IU Gaspar Llamazares; el alcalde de Laviana, el socialista Adrián Barbón; y el miembro de la consejo territorial de UPyD Pedro Herrero.

Al extremo de la mesa se encontraba la diputada nacional del PP Carmen Maniega, que defendió el anteproyecto, afrontando de paso tanto las críticas de los políticos como la actitud abiertamente crítica de un auditorio compuesto en su inmensa mayoría por profesionales de los servicios sociales y miembros de ong’s, que «vemos peligrar tanto la atención a las personas que dependen de los servicios sociales como nuestros propios empleos», según expresó una de las asistentes.

Illán afeó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que «justifique la reforma local con criterios de estabilidad presupuestaria, pues para ‘ahorrar 7.000 millones de euros’ va a quebrantar las necesidades objetivas de muchísimos ciudadanos y el Estado del Bienestar».

Pedro Herrero, por su parte, también cargó contra la argumentación «de la eficiencia económica mientras no se mantengan los servicios públicos y su calidad». El representante de UPyD abogó por adoptar otras medidas, como «la fusión de municipios, para que las entidades resultantes tengan el tamaño y la capacidad presupuestaria precisa para prestar servicios públicos de calidad», en lugar de «dejar, como hace la proposición de ley, todo en manos de las diputaciones, que son instituciones que no se someten al control directo de los ciudadanos».

Muy duro en su análisis fue el diputado de IU Gaspar Llamazares, que equiparó la propuesta del PP a la actitud «de los republicanos estadounidenses frente al ‘Obamacare’, que critican porque ‘lo que pretende es proteger a los perdedores’», ironizando sobre la valoración ética que merece ese concepto sobre las personas en riesgo de exclusión social. Llamazares abogó por «quitarnos la venda de los ojos. No tenemos un Estado del bienestar, sino del medioestar, y en servicios sociales vamos camino del malestar, con una inversión actual de sólo el 1,5% de nuestro PIB, la mitad de la media de la UE, y de eso, el 0,5% lo aportan comunidades autónomas y ayuntamientos». Más aún, el parlamentario de IU recordó que ya se ha recortado «un 12% en sanidad y un 15% en servicios sociales, y con este anteproyecto de ley, con más recortes, lo que se quiere es dar un mensaje a la UE de que somos los alumnos aventajados y que cumplimos los deberes».

¿Y los empleos?

La visión más pegada a la realidad municipal la ofrecieron tanto Eva María Illán, que recordó que el Ayuntamiento de Gijón ha quintuplicado los fondos que destina a la emergencia, como el alcalde de Laviana, el socialista Adrián Barbón, que recordó que la nueva ley, de aprobarse, hará que se trasladen «al ámbito autonómico las responsabilidades de financiación y las competencias sobre los trabajadores de los servicios sociales, pero es una falacia que las autonomías puedan financiar los servicios, por el recorte en financiación a los ayuntamientos y las autonomías de 17.000 millones de euros, y además hay que tener en cuenta que la ley impide que las comunidades autónomas asuman más plantilla».

Alertó Barbón de que «si se aplica, los trabajadores de los servicios sociales serán despedidos, y la red de las comunidades autónomas no podrá ser otra cosa que de asistencia básica». Su postura la había avanzado la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, que afirmó que el PP «se está desentendiendo de toda la red de protección social y está dejando solas a las comunidades autónomas».

En sus réplicas, la diputada del PP Carmen Maniega defendió que la «ley clarifica competencias y garantiza la financiación. Si un ayuntamiento no puede asumir, la nueva ley obligará al Principado a pagar el salario social, y faculta a Hacienda a retraer ese dinero». Además, abogó por «reducir una Administración mastodóntica» o «pymes como la de UPyD en la Junta, que con un diputado tiene siete asesores».

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