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la Fundación Secretariado Gitano y el Observatorio Hatento quieren mostrar su enérgica condena de los hechos acontecidos

COMUNICADO DE PRENSA

En el día de ayer, un grupo de seguidores del equipo de fútbol PSV Eindhoven protagonizaron una serie de comportamientos humillantes y vejatorios contra un grupo de mujeres en la Plaza Mayor de Madrid. Tal y como puede observarse en las imágenes que se han distribuido a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación, este grupo de personas, entre otras conductas, lanzaron monedas y alimentos a las mujeres, mientras las invitaban a bailar o hacer flexiones a cambio de dinero, emitieron cánticos xenófobos, pudiéndose identificar también alguna agresión de carácter físico, como patadas o empujones.

 Ante estos hechos, la Fundación Secretariado Gitano y el Observatorio Hatento manifiestamos:

  • Nuestra más enérgica condena de los hechos acontecidos.
  • La Fundación Secretariado Gitano y el Observatorio Hatento consideramos que los hechos son un atentado contra la dignidad humana y una muestra evidente de discriminación, aporofobia y machismo que vulnera el derecho a la dignidad, del que todo ser humano es titular. Prueba de ello es que los responsables de estos comportamientos tan lamentables, se centran de forma exclusiva en la humillación y vejación de unas mujeres que se encuentran en una situación de extrema exclusión social.
  • La Fundación Secretariado Gitano y el Observatorio Hatento cuestionamos el comportamiento mostrado por los servicios policiales, en la medida que no se ha realizado ningún tipo de actuación policial o reproche a los responsables de tan lamentable acontecimiento. No ponemos en duda que los servicios policiales hayan realizado una valoración del riesgo vinculada con la puesta en marcha otro tipo de intervención, pero también nos preguntamos en qué medida la intervención hubiera sido la misma, si en lugar de mujeres en situación de exclusión social, las víctimas no hubieran pertenecido a un perfil de exclusión tan extremo.
  • Aplaudimos la reacción de la ciudadanía, que bien directamente en el lugar de los hechos o bien a través de las redes sociales, ha mostrado su repulsa frente a unos comportamientos que cuestionan de una manera tan flagrante nuestro sistema de convivencia. Por otra parte, condenamos a aquellos que han aprovechado el incidente para exponer un discurso xenófobo sobre las mujeres gitanas y su país de origen.
  • Celebramos que múltiples medios de comunicación se hayan hecho eco de los acontecimientos, aunque consideramos fundamental contextualizar este tipo de agresiones como parte de un fenómeno más amplio, vinculado con los incidentes y delitos de odio, la intolerancia y la discriminación que sufren diversos grupos o colectivos sociales. Es necesario un tratamiento más profundo de este tipo de noticias, sin vincularlas de forma exclusiva a un acontecimiento deportivo y contando con el testimonio de personas y organizaciones expertas en la lucha contra los delitos de odio.
  • Atendiendo a los lamentables hechos expuestos, desde Fundación Secretariado Gitano como entidad coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica[1], vamos a  desarrollar las actuaciones pertinentes; denunciar el caso ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, ante el Club de futbol PSV, el Consejo Superior de Deportes y remitir nuestra queja ante la embajada Holandesa.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 30 años por la promoción y la inclusión social de la población gitana en España y en el contexto europeo. Desarrolla proyectos y proporciona servicios a las familias gitanas principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud o la vivienda, pero su trabajo también se dirige a promover políticas más activas para la inclusión social de la población gitana, luchar contra la discriminación y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. http://www.gitanos.org

Hatento, el Observatorio de los delitos de odio contra personas sin hogar es una iniciativa centrada en detectar y analizar los delitos de odio y situaciones de violencia que sufren las personas sin hogar en España. El Observatorio Hatento es liderado por RAIS Fundación y forman parte de él APDHE, ASSÍS Centre d´Acollida, la Asociación Bokatas, la Asociación RAIS Euskadi, UNIJEPOL y la Asociación Zubietxe. Más información en http://www.hatento.org

Para más información o gestión de entrevistas, contactar con:

Gema Castilla · Móvil: 669 969 470 · E-mail: comunicacion@hatento.org  ·  #HATEnto

Pilar Calón – Área de Comunicación, Fundación Secretariado Gitano – T. 91422 09 60 / /670 249 015 – pilar.calon@gitanos.org

[1] http://www.asistenciavictimasdiscriminacion.org

El Tribunal Supremo falla a favor del actual sistema de 0,7% de IRPF social


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  • El Tribunal Supremo ha fallado a favor de mantener el actual sistema de distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a actividades de interés social
  • La Plataforma del Tercer Sector, la Coordinadora de ONG para el desarrollo y cuatro de las mayores entidades ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF) celebraron hoy esta decisión en una rueda de prensa conjunta en Madrid

(Madrid, 17 de marzo de 2016).- La Plataforma del Tercer Sector, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF celebraron hoy en Madrid una rueda de prensa conjunta en que calificaron de “buena noticia” la decisión del Tribunal Supremo con respecto al recurso presentado en contra del RD 536/2013, que regula la distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a actividades de interés social.

A pesar de que estos fondos representan únicamente alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las CCAA, en los últimos años se han sucedido recursos judiciales contra el sistema, lo que provocaba una profunda preocupación en el sector, en un momento en que los programas que desarrollan son especialmente necesarios para los millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza en nuestro país, dados los efectos aún notables de la crisis económica, social y ambiental y la difícil situación en que nos encontramos, al estar viviendo el Gobierno en funciones más largo de la historia de la democracia española.

El Tribunal Supremo ha estimado en su sentencia que el decreto “no incluye en sus materias la asistencia social”, sino que “las subvenciones de este Real Decreto tienen conexión con actividades recogidas en otros títulos competenciales en los que el Estado sí está legitimado para actuar”, tales como actividades educativas o de inserción laboral, entre otras.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, celebró la decisión del Tribunal tras “más de una década dependiendo de presupuestos anuales en ocasiones sin estabilidad”, que han mantenido al Tercer Sector “en una amenaza continua”. Las necesidades de las personas, afirmó, “no pueden depender de conflictos políticos ni jurídicos, sino de una política de consenso que haga que el sufrimiento sea cada vez menor”, en un momento, además “en que los indicadores de pobreza y exclusión son los peores de la historia de nuestra democracia”.

Por ello, añadió, estamos “convencidos de que debe existir un consenso sobre cómo actuar o prevenir esta situación”,  y que permita “la realización de actividades de reequilibrio territorial que garanticen que cada persona, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia, disfrute de la misma atención social”

Luis Cayo Pérez Bueno, vicepresidente de incidencia política e impulso normativo de la Plataforma del Tercer Sector, explicó por su parte que la sentencia “desestima todas y cada una de las objeciones presentadas por la parte recurrente”, y afirma que el sistema actual de distribución de subvenciones es “plenamente conforme a derecho”. Según Pérez Bueno, “no hay dudas ya para la estabilidad y continuidad del modelo”, por lo que “el gobierno puede y debe convocar ya las subvenciones del presente año”.

El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector se mostró satisfecho por la permanencia de “un instrumento válido, valioso y útil que mira a las necesidades reales por encima de los conflictos competenciales”.

Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife, destacó por su parte que se trata de “un día de celebración” por una sentencia “que supone ganar una batalla muy importante, aunque no la guerra, para que la justicia ambiental y social y la solidaridad global sean una realidad”. Ruiz se refirió a la labor de los ecologistas, que no defienden “animales y plantas” sino que trabajan por “mucho más, defendiendo calidad de vida y asegurando el futuro de las siguientes generaciones”, ya que el mayor expolio que puede vivir una sociedad es el expolio de sus recursos naturales”.

La representante de las ONG ambientales afirmó que “reconocemos los derechos competencial, pero se deben salvaguardar unos mínimos que garanticen la equidad ambiental, social y de solidaridad global en todo el Estado”.

Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora de ONG para el desarrollo (CONGDE), señaló que la sentencia del Tribunal supone “un primer paso”, que refleja “la fuerza de la unión” del sector, que “despeja el camino para conseguir alcanzar un modelo estable y sostenible de financiación del sector”. Las organizaciones del Tercer Sector, afirmó, “tenemos el derecho de existir”, y por ello debemos “conseguir un marco jurídico y de recursos asegurados que permita prever el fortalecimiento de nuestras acciones y organizaciones”. Ruiz-Giménez afirmó que las entidades de cooperación al desarrollo “llegan a 35 millones de personas a través de la acción en más de 100 países”, por lo que seguirán trabajando para “pedir más” al futuro Gobierno, y conseguir “que este primer paso no quede ahí”.  

Las entidades, que estuvieron apoyadas por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), representan a miles de organizaciones que trabajan en cooperación al desarrollo, medioambiente y la acción social, y que, en el marco de estas ayudas, gestionan casi 300 millones de euros para proyectos finalistas (ayudas directas a personas), que benefician anualmente a seis millones de personas.

Contacto: Ida de la Hera. Responsable de comunicación de la Plataforma del Tercer Sector.

91 545 01 96 / 667 148 353 / idelahera@servimedia.net comunicacion@plataformatercersector.es

IRPF: Sentencia histórica para el Tercer Sector.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo número 507/2013 interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra el Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, con imposición de las costas a la recurrente hasta un máximo para cada una de las partes demandadas de 2.000 € por todos los conceptos.

Adjuntamos la sentencia, si bien el ponente destaca como argumento prioritario:

Las subvenciones cuyas bases reguladoras se establecen en esta última disposición general no tienen por finalidad financiar gastos de funcionamiento, sino actividades prestacionales sustantivas, tales como la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia… La pregunta ya no sea cuál es la naturaleza de las entidades potencialmente beneficiarias de las subvenciones, sino cuál es la naturaleza de las actividades susceptibles de ser subvencionadas.

El título competencial «asistencia social» hace referencia a todas aquellas actividades tendentes a atender estados de carencia o necesidad que no tienen cobertura mediante otros títulos específicos, como es destacadamente el de Seguridad Social del art. 149.1.17 de la Constitución. En este sentido, la idea de asistencia social tiene cierto carácter subsidiario o, mejor aún, complementario. Véase, en este sentido, la STC 146/1986. Pues bien, las subvenciones contempladas en el Real Decreto 536/2013 tienen que ver con actividades constitucionalmente cubiertas por títulos competenciales distintos del relativo a la asistencia social. Tales son, entre otros, los recogidos en los apartados 7º, 23º, 29º y 30º del art. 149.1 de la Constitución. En resumen, por el objeto regulado, el Real Decreto 536/2013 no incide –al menos, no necesariamente- sobre la asistencia social.

Se trata de una sentencia histórica para el Tercer Sector.

Esperamos que pueda ser el punto de inflexión para conseguir el siguiente objetivo: alcanzar un modelo estable y sostenible de financiación para el sector.

SENTENCIA IRPF 17 marzo 2016

Ayer  miércoles 16 de marzo, a las 18:30h. en la Plaza de España de Oviedo, tuvo lugar una concentración contra el preacuerdo firmado entre el Consejo de Europa y Turquía para la expulsión de refugiados desde Grecia a Turquía.

IMG-20160316-WA0000 Esta concentración fue convocada por las siguientes organizaciones a nivel estatal: sindicatos (CCOO, UGT y USO), partidos políticos (PSOE, Podemos, IU, Equo y Ciudadanos) y numerosas organizaciones sociales (Médicos del Mundo, HOAC, Cáritas, MPDL- Movimiento por la Paz, Federación de Derechos Humanos de España, Consejo General de la Abogacía, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, EAPN, ACCEM, CEAR y UNICEF-España…).

 

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EAPN-AS quiere sumarse a dicha concentración por entender que el preacuerdo, vulnera la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Convención del Estatuto del Refugiado; trata a los refugiados como moneda de cambio con el gobierno de Turquía y muestra el deterioro del proyecto europeo al trasladar la crisis de los refugiados fuera de sus fronteras.

MANIFIESTO COTSA.

 Los y las trabajadoras sociales reafirmamos y decimos: ¡Hasta Aquí!

sábado 12 de marzo de 2016 CGTS
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo Social en Santiago de Compostela, los y las trabajadoras sociales realizan la marcha por los derechos sociales, recorriendo los últimos 5 km del Camino de Santiago a modo de marea naranja. La marcha concluye con la lectura del manifiesto en la Plaza del Obradoiro.

El Consejo General del Trabajo Social inició en 2013 la campaña “¡Hasta Aquí!”, coincidiendo con la fecha prevista para la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que finalmente fue aprobada y que en estos días hemos visto cómo el Tribunal Constitucional declaraba contraria a la Constitución cuanto limitaba en la prestación de Servicios Sociales desde las corporaciones locales. A través de los medios de comunicación y mediante acciones concretas hemos visibilizado reiteradamente nuestra protesta; para la profesión que representamos es inadmisible continuar con una agenda de recortes especialmente dirigida a desmantelar los Sistemas Públicos de Bienestar y que, con Leyes como la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pretendía aniquilar definitivamente el Sistema Público de Servicios Sociales, fuertemente vinculado a las Administraciones Locales por su proximidad y cercanía a las necesidades de la ciudadanía.
Durante este tiempo hemos celebrado jornadas, convocado y acudido a manifestaciones en todo el territorio, ejercido acción política, llevado a cabo estudios y construyendo evidencia científica del grave deterioro de derechos sociales que las políticas de austeridad representan. Hemos tejido redes de colaboración con colectivos sociales, incluso llevamos al Parlamento Europeo nuestra protesta.
Pero aún con toda la carga de profundidad que la paradójicamente denominada Ley de Sostenibilidad suponía, no es ésta la única iniciativa que pone en peligro la garantía de derechos sociales. En los distintos ámbitos de toma de decisión política, desde lo estatal a lo local, se vienen sufriendo ataques contra la protección social; es un ataque cuando se destina dinero público a la beneficencia en forma de reparto de alimentos más de la mitad de lo presupuestado en atención profesional en la Red Pública de servicios sociales municipales; es un ataque cuando personas carentes de todo ingreso han de esperar casi un año para percibir prestaciones con las que satisfacer sus necesidades básicas; es mucho más que un ataque cuando una persona sin red de apoyo que garantice la cobertura de la atención de unas actividades básicas de la vida diaria que no puede realizar por sí misma, fallece en su domicilio esperando ver materializado un derecho subjetivo como es el de atención en situaciones de dependencia. Ataques silenciosos que los trabajadores sociales detectamos y denunciamos, porque los modelos y al lenguaje de la beneficencia, la caridad y el asistencialismo, entra en contradicción y pone en jaque derechos sociales ya contemplados en leyes orgánicas, además de impedir que los ciudadanos y ciudadanas sigamos avanzando en el derecho a un Sistema de Servicios Sociales Universales que garantice la cobertura de las necesidades básicas, la dignidad, la participación y el Bienestar.
Señalamos también con especial énfasis que la estrategia de la privatización está presente en multitud de iniciativas; desde la Ley de Racionalidad, a Leyes de Servicios Sociales.
Siguiendo con nuestra línea de hacer visible la necesidad de contar con unos Servicios Sociales fuertes articulados desde la Administración Local y e imprescindibles para garantizar la justicia social, la equidad y la igualdad,REAFIRMAMOS NUESTRA CAMPAÑA:
Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque es una infamia hablar de “recuperación” cuando condenan a la quiebra con sus recortes o eliminación de financiación a miles de proyectos dirigidos a las personas mayores, a la prevención de la desprotección de la infancia y las familias, a las personas con enfermedad mental, drogodependencias, intervención socio-comunitaria, acompañamiento hacia la autonomía, inclusión, violencia de género, hogares infantiles y juveniles… y un largo etc. que ha costado más de 30 años construir con el esfuerzo de la ciudadanía, de los/as profesionales y de las instituciones.
Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque no se puede destruir un sector social que genera miles y miles de puestos de trabajo y constituye una actividad económica plural, diversificada, deslocalizable y sostenible.
Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque se trueca el sentido de las palabras hablando de “intervenciones administrativas desproporcionadas” cuando se han dejado y se dejan enterrados en el olvido a miles de dependientes que teniendo reconocido su derecho a una prestación no llegaron a tiempo a recibirla porque las administraciones responsables no han cumplido su
obligación de garantizarla, aniquilando además de un hachazo la Ley de Dependencia.
Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque, siguiendo con la manipulación del lenguaje, se habla de conseguir la “estabilidad presupuestaria” cuando lo que se consigue en realidad es las desestabilización de la vida entera de miles de personas desahuciadas de sus casas, miles de jóvenes sin futuro ni educación, miles de inmigrantes sin derecho a la salud, en definitiva, una carga de profundidad contra los valores que no son “competitivos” “productivos” y que “coticen en bolsa”.
Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque desde el Trabajo Social, miramos cada día a la cara a muchas personas, conocemos sus rostros y sus historias de vida, sabemos que no cuentan en estos momentos con los recursos básicos para vivir con dignidad y que con estas políticas de recortes al Sistema Público de Servicios Sociales se les empuja a la exclusión y a la pobreza extrema, vulnerando sus derechos fundamentales.
Nuestra MAREA NARANJA quiere seguir produciendo oleadas de protestas y de propuestas ante la vulneración de derechos; es una obligación ética a la que nunca hemos renunciado.
Animamos a seguir poniendo líneas naranjas en los ayuntamientos, en los Centros de Servicios Sociales, en los Colegios Profesionales, en las Universidades, en los recursos dirigidos a colectivos… y con la camiseta, las cintas o las telas naranja, los carteles, las razones, las manos, y las palabras, seguir proponiendo otro modelo de recuperación económica y social, otro modelo de convivencia cuyo eje central sea la Dignidad, la Justicia Social y el respeto a los Derechos Humanos y Sociales.
Animamos a seguir poniendo líneas naranjas que además de señalar ¡HASTA AQUÍ!, tejan redes de compromiso con LOSOCIAL en los distintos territorios, haciendo visible lo que se empecinan en hacer invisible: los bienes relacionales, la proximidad, la participación ciudadana, la complicidad, el análisis conjunto de la realidad y el esfuerzo común para transformarla. Y lo decimos bien alto para que en un momento especialmente significativo de la historia política del país, nuestros representantes parlamentarios marquen en sus agendas como prioritarios los acuerdos sobre la protección social. Que los derechos sociales se cuelen en los cuadernos de los equipos negociadores, que la reforma de la CE para incluir los SS SS como derecho fundamental reclamada desde este Consejo y que la gran mayoría de los partidos políticos incluyó en su programa, sí que sea un punto irrenunciable.
La MAREA NARANJA y el ¡HASTA AQUÍ! son el símbolo del compromiso de los/as profesionales del Trabajo Social en la defensa de Un Sistema Público de Servicios Sociales que debe ser universal y que tiene que permanecer como pilar básico del Estado de Bienestar .Es el símbolo del compromiso de esta profesión con los/as ciudadanos/as de este país y especialmente con los/as más vulnerables para alcanzar un modelo social más justo, equitativo y solidario.

http://cgtrabajosocial.com/noticias/manifiesto-de-santiago-los-y-las-trabajadoras-sociales-reafirmamos-y-decimos-hasta-aqui/3612/view

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Rechazo al pacto de la UE con Turquía sobre refugiados

240.000 refugiados sirios en Turquía

10/03/2016
La Unión Europea ha suscrito un pacto en materia de refugiados con Turquía, en base al cual devolverán a dicho país a toda persona que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluso a las provenientes de Siria

La Plataforma del Tercer Sector rechaza enérgicamente este acuerdo e insta al Gobierno en funciones a votar en contra en la Cumbre que tendrá lugar la próxima semana para garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas que huyen del terror
La Unión Europea ha suscrito un principio de acuerdo con Turquía en materia de refugiados por medio del cual toda persona extranjera que llegue ilegalmente a las costas griegas, incluidas las sirias, será expulsada a este país. A cambio, la Unión Europea se compromete a aumentar y agilizar la dotación económica destinada a Turquía para atender a los refugiados, eximir a partir de junio a sus ciudadanos de la necesidad de visado para viajar a la UE, avanzar en el proceso de adhesión del país a la Unión, y a “recibir un refugiado sirio de Turquía por cada refugiado sirio que Turquía reciba desde Grecia”. La mera expresión anterior hace emerger la vieja imagen de una Europa de los mercaderes, como escandaloso colofón a la larga serie de acciones caóticas, confusas y represivas que en los últimos meses vienen adoptándose contra los refugiados en la frontera este de Europa.

Desde la Plataforma del Tercer Sector, de la que EAPN España forma parte, mostramos nuestro más enérgico rechazo a un pacto que, lejos de fundamentarse en criterios sociales, de justicia o protección internacional, viola los convenios internacionales y europeos ratificados por los estados miembro, que prohíben expresamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra. Este acuerdo provocará un saldo aún mayor de sufrimiento, dolor y muerte para aquellas personas que buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa.

Es por ello que hacemos un llamamiento al Gobierno en funciones para que vote en contra de dicho acuerdo, que debe ser ratificado por los países miembro en la cumbre que tendrá lugar la semana próxima. El acuerdo es, y en dicho sentido debe rechazarse por nuestro Gobierno, no sólo inaceptable, sino inaplicable al ser contrario a la Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y las Constituciones de los Estados Miembros, que obligan a una admisión ordenada, digna, estudiada y personalizada de cada solicitud de protección internacional.

Así, exigimos la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios, además del establecimiento de vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.

Sobre la Plataforma:

La Plataforma del Tercer Sector en España se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.

Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).